La Agencia Valenciana Antifraude examina el procedimiento de selección aprobado por el gobierno de María José Catalá tras una denuncia de Compromís. La composición política del jurado, una cláusula que podría limitar la sátira y las sospechas sobre la elección del proyecto ganador centran las actuaciones.
La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación sobre el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de València para adjudicar los contratos de construcción de las fallas municipales de 2025. Las actuaciones tienen su origen en una denuncia presentada por el concejal de Compromís Pere Fuset contra las modificaciones introducidas por el gobierno municipal de María José Catalá.
El expediente examina posibles irregularidades en el sistema de selección de los proyectos artísticos, especialmente en la composición del jurado, las condiciones establecidas para los participantes y las garantías de imparcialidad del concurso.
Entre las cuestiones planteadas figura también la sospecha de que el proyecto ganador pudiera haber sido decidido o comprometido antes de celebrarse el procedimiento de selección. Se trata de una alegación recogida en la denuncia, no de un hecho acreditado.
Un jurado con mayoría de representantes designados por los partidos
La controversia comenzó en abril de 2024, cuando el Ayuntamiento aprobó unas nuevas bases para seleccionar los monumentos municipales de 2025.
El cambio afectó especialmente a la composición de los jurados, que hasta entonces contaban con representantes procedentes principalmente de entidades artísticas y falleras.
Con el nuevo sistema, siete de los nueve integrantes del jurado eran propuestos por los grupos políticos municipales: tres por el Partido Popular, dos por Compromís, uno por el PSPV-PSOE y otro por Vox.
Además, las bases iniciales establecían que el concejal de Fallas, Santiago Ballester, presidiera el órgano, mientras que la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ejercería la vicepresidencia. Ambos cargos disponían inicialmente de voz y voto.
Compromís recurrió estas condiciones y, según ha explicado la formación, consiguió que Ballester renunciara finalmente a su derecho de voto.
La coalición considera que la modificación introdujo un mayor peso político en una decisión que anteriormente correspondía fundamentalmente a representantes del sector artístico y fallero.
Contratos públicos de cerca de 300.000 euros
La investigación afecta a procedimientos de contratación con una importante dotación económica.
Las bases aprobadas para 2025 establecían un presupuesto máximo de 239.000 euros para la falla municipal grande y de 34.000 euros para la infantil.
En conjunto, ambas cantidades alcanzaban los 273.000 euros, incluyendo conceptos relacionados con la construcción, el transporte, el montaje y los medios necesarios para instalar los monumentos.
La relevancia económica de los contratos es uno de los motivos por los que la denuncia reclama examinar las garantías de transparencia, objetividad e imparcialidad en la selección de los proyectos.
La polémica cláusula sobre la sátira fallera
Otro de los aspectos que examina Antifraude es una disposición incorporada a las bases del concurso relativa a la objetividad y el respeto de las propuestas.
Compromís considera que esta condición podría utilizarse para excluir determinados proyectos por su contenido crítico.
La formación ha bautizado esta disposición como la «cláusula de la censura» y sostiene que puede entrar en conflicto con la libertad creativa característica de los monumentos falleros.
Pere Fuset ha defendido que las Fallas tienen una tradición histórica de crítica social y política y que las administraciones deben garantizar que los artistas puedan ejercerla.
La investigación deberá determinar si la redacción y aplicación de esta cláusula respetan la normativa correspondiente y las garantías exigibles a un procedimiento público de selección.
La existencia de la cláusula no demuestra por sí misma que se haya producido censura efectiva sobre algún proyecto.
El modelo anterior se implantó en 2016
La elección de los monumentos municipales experimentó una transformación durante el mandato de Joan Ribó.
En 2016 se implantó un sistema que otorgaba mayor protagonismo a representantes de entidades artísticas y falleras, después de que informes de fiscalización cuestionaran determinados aspectos del modelo anterior.
Con aquel procedimiento, el concejal responsable del área presidía el jurado sin participar en la votación.
Compromís defiende que este mecanismo permitía separar la decisión artística de las mayorías políticas del Ayuntamiento.
El gobierno de PP y Vox modificó el sistema en 2024, argumentando entonces que pretendía ampliar la participación de los grupos municipales en la elección de las fallas.u
La diferencia entre ambos modelos constituye uno de los elementos centrales de la controversia.
Compromís denuncia una reducción de las candidaturas
La coalición valencianista también relaciona el nuevo procedimiento con una disminución del número de proyectos presentados.
Según los datos facilitados por Compromís, en la primavera de 2023 se presentaron doce propuestas para las fallas municipales de 2024.
En la convocatoria correspondiente a 2025, el número de candidaturas se redujo a seis.
Fuset considera que esta disminución refleja una pérdida de confianza de los artistas en el nuevo sistema de selección.
No obstante, la reducción de candidaturas, por sí sola, no permite establecer que el cambio en la composición del jurado fuera su causa.
Antifraude deberá examinar las posibles irregularidades
La investigación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude permitirá analizar las denuncias formuladas sobre el procedimiento de contratación y determinar si existen irregularidades administrativas que requieran actuaciones adicionales.
Compromís ha reclamado a la alcaldesa María José Catalá que facilite toda la documentación necesaria y colabore con el organismo investigador.
También ha solicitado la retirada de la cláusula cuestionada y la recuperación de un jurado independiente designado por entidades artísticas y falleras.
Por el momento, la apertura de estas actuaciones no supone que se hayan demostrado irregularidades ni implica una declaración de responsabilidad contra el Ayuntamiento o sus responsables políticos.
El resultado dependerá del análisis de las bases, de la documentación administrativa y de las circunstancias en las que se desarrolló la adjudicación de las fallas municipales de 2025.
La investigación vuelve a situar en el centro del debate la transparencia de los contratos públicos relacionados con las Fallas y el equilibrio entre la participación institucional y la independencia artística en la elección de los monumentos que cada año se plantan en la plaza del Ayuntamiento de València.
Imagen recreada con IA a partir de referencias de las fallas municipales de València.
