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Una muralla protegida de Valencia, entre la ruina y la burocracia

Por ··8 min de lectura

Una asociación patrimonialista denuncia que el Ayuntamiento es propietario desde 2021 del inmueble de la calle Salinas 5, donde se conservan restos de la fortificación islámica, y reclama aclarar quién debe garantizar su conservación.

Valencia, 19 de noviembre de 2026. ¿Qué ocurre cuando un edificio protegido pertenece al Ayuntamiento, presenta antecedentes de ruina y varios departamentos municipales discrepan sobre quién debe asumir su conservación?

Esta es la situación que denuncia Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural respecto al inmueble situado en el número 5 de la calle Salinas, en el barrio del Carmen.

El edificio alberga una torre y restos de la muralla andalusí del siglo XI, elementos integrantes de un Bien de Interés Cultural cuya conservación preocupa desde hace años a la asociación.

El colectivo ha presentado nuevas reclamaciones ante el Síndic de Greuges y sostiene que la documentación administrativa obtenida revela una prolongada falta de coordinación entre distintos servicios municipales.

La denuncia plantea cuestiones relacionadas con la transparencia, las obligaciones de las administraciones y el derecho de los ciudadanos a conocer qué medidas se adoptan para proteger el patrimonio histórico.

Un edificio municipal desde 2021

Según la información facilitada por la asociación, el Ayuntamiento adquirió el inmueble mediante expropiación forzosa el 11 de mayo de 2021.

La operación figura, de acuerdo con la documentación citada, en el expediente 05303/2021/46.

La incorporación formal al Inventario Municipal de Bienes se produjo mediante resolución de 2 de julio de 2025.

Esta circunstancia resulta importante porque modifica la posición jurídica del Ayuntamiento.

Mientras el inmueble pertenecía a particulares, la Administración podía exigir a sus propietarios el cumplimiento de los deberes legales de conservación.

Desde su adquisición, el propio Consistorio debe atender las obligaciones que le correspondan como titular del inmueble.

La asociación considera que este cambio debería haber permitido agilizar la recuperación del conjunto histórico.

¿Desde cuándo se conoce el deterioro?

Los antecedentes administrativos se remontan a 2007.

Aquel año se declaró una amenaza de ruina inminente, después de que los técnicos detectaran problemas estructurales, humedades, desprendimientos y otras deficiencias.

En 2013 se declaró la situación legal de ruina.

El expediente recogía una valoración económica de las obras de rehabilitación de 789.910,74 euros.

Un año después, en 2014, se adjudicaron trabajos provisionales por 29.637,79 euros.

Aquellas actuaciones estaban destinadas a reducir determinados riesgos, pero no constituyeron una restauración integral del monumento.

La asociación sostiene que desde entonces no se ha ejecutado la intervención definitiva que viene reclamando.

La falta de coordinación entre departamentos

Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia es que el expediente de ruina habría continuado tramitándose contra los antiguos propietarios hasta agosto de 2024.

Según la documentación descrita por la entidad, Disciplina Urbanística no habría recibido comunicación del cambio de titularidad de 2021.

Esto habría provocado que un procedimiento administrativo siguiera dirigido a particulares cuando el inmueble ya pertenecía al Ayuntamiento.

Tras conocerse esta circunstancia, el expediente fue archivado y la documentación trasladada al Servicio de Patrimonio.

Sin embargo, la asociación afirma que continuaron las discrepancias entre los departamentos municipales sobre la adscripción y gestión del edificio.

La respuesta remitida en octubre de 2026 reflejaría posiciones diferentes entre Disciplina Urbanística y Patrimonio Municipal respecto al servicio que debe asumir la responsabilidad.

La cuestión pendiente es determinar quién coordina las inspecciones, quién impulsa las obras y qué departamento debe tramitar las actuaciones necesarias sobre los restos protegidos.

Una advertencia sobre el deterioro de la torre

El informe técnico de 3 de mayo de 2021 ocupa un lugar central en la denuncia.

Según la asociación, los técnicos detectaron un mayor deterioro aparente en la parte superior de la torre y la muralla.

El documento recomendaba trasladar esta información a la Conselleria competente en materia de Cultura.

La entidad sostiene que la respuesta municipal a su solicitud de información reconoció que no constaban comunicaciones remitidas desde Disciplina Urbanística entre 2021 y agosto de 2024.

Este dato plantea dudas sobre el seguimiento administrativo de aquella advertencia.

No obstante, para determinar si existió una omisión general de comunicación sería necesario examinar también los registros de los demás servicios municipales y de la propia Conselleria.

¿Se ha inspeccionado el monumento desde 2021?

La asociación afirma que no consta en la documentación recibida una inspección técnica patrimonial integral posterior a mayo de 2021.

La ausencia de ese informe entre los documentos facilitados no demuestra necesariamente que nunca se realizara alguna actuación de comprobación.

Sin embargo, sí justifica la petición de que el Ayuntamiento aclare qué visitas, inspecciones y evaluaciones se han efectuado desde entonces.

Un informe actualizado permitiría conocer si las deficiencias detectadas en 2021 han evolucionado, si existen nuevos riesgos y qué trabajos resultan prioritarios.

También serviría para diferenciar las necesidades de seguridad de la edificación de las actuaciones específicas de conservación monumental.

Qué papel desempeña el Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges es la institución encargada de supervisar la actuación de las administraciones públicas valencianas y defender los derechos de la ciudadanía frente a posibles irregularidades administrativas.

La asociación señala que ha acudido a esta institución en 2014, 2016, 2020 y 2023.

Actualmente identifica una nueva queja con el número 2603965.

En abril de 2023, el Síndic formuló recomendaciones relacionadas con la protección del monumento, que la Conselleria de Cultura habría aceptado al mes siguiente.

La entidad considera que esa aceptación no se tradujo en las medidas efectivas que reclamaba.

Es importante distinguir entre una recomendación aceptada, su grado de cumplimiento y la eventual existencia de una infracción administrativa o legal. Esta última requiere una valoración jurídica específica y no puede darse por acreditada únicamente por la denuncia.

Qué obligaciones existen para conservar un BIC

La legislación española y valenciana establece un régimen especial de protección del patrimonio cultural.

El artículo 46 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico.

La Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano desarrolla obligaciones específicas de conservación y protección de los bienes culturales.

Estas obligaciones pueden afectar tanto a propietarios privados como a administraciones públicas.

Cuando las actuaciones se desarrollan sobre elementos declarados Bien de Interés Cultural, deben respetarse además los requisitos de intervención y autorización que correspondan.

En el caso de Salinas 5, la cuestión esencial consiste en determinar qué obras son necesarias, quién debe ejecutarlas y qué autorizaciones patrimoniales exige su alcance concreto.

El Ayuntamiento anuncia medidas urgentes

La asociación explica que el Servicio de Patrimonio ha comunicado su intención de tramitar un encargo urgente para asegurar el edificio.

La actuación se vincularía a un acuerdo marco municipal aprobado en junio de 2026.

Sin embargo, la entidad reclama conocer si ese encargo comprende también la torre y los lienzos de la muralla andalusí.

Esta distinción es fundamental.

Una intervención destinada a evitar desprendimientos o asegurar una edificación no tiene necesariamente el mismo alcance que una restauración de restos arqueológicos.

Por ello, el colectivo solicita acceso al expediente técnico y a las autorizaciones que puedan resultar necesarias.

Qué información reclama la asociación

Las peticiones planteadas por Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural se centran en obtener documentación verificable.

La entidad solicita un informe actualizado sobre el estado de conservación, el historial de inspecciones desde 2021 y el expediente del encargo urgente anunciado.

También reclama conocer qué servicio municipal tiene asignada la responsabilidad de conservar el inmueble y qué comunicaciones se han mantenido con la Generalitat.

Finalmente, pide un proyecto técnico de restauración con calendario y financiación.

Estas solicitudes permitirían evaluar el estado real de las actuaciones y distinguir entre compromisos administrativos, medidas provisionales y trabajos efectivamente ejecutados.

La transparencia como herramienta de protección patrimonial

El caso de la calle Salinas refleja la importancia del acceso ciudadano a la información pública.

Los expedientes de ruina, los informes técnicos, las resoluciones administrativas y los proyectos de intervención permiten conocer cómo se gestiona un bien protegido.

La ciudadanía puede solicitar información pública conforme a la normativa de transparencia, con los límites legalmente aplicables.

También puede acudir a los mecanismos de supervisión administrativa cuando considere que una institución no responde adecuadamente.

En este caso, la asociación ha utilizado ambas vías para reconstruir la cronología de un problema que se prolonga desde hace casi veinte años.

Un problema pendiente de respuestas concretas

La denuncia plantea interrogantes que deberían poder resolverse mediante documentación administrativa.

¿Existe una inspección reciente de la torre? ¿Qué obras se han ejecutado desde 2021? ¿Quién tiene asignada la responsabilidad de conservación? ¿Se ha autorizado una intervención sobre los restos monumentales?

Las respuestas permitirían conocer el estado actual del expediente y valorar si las actuaciones previstas son suficientes.

Mientras tanto, el inmueble de la calle Salinas número 5 continúa siendo un ejemplo de las dificultades que pueden surgir cuando la protección del patrimonio histórico depende de la coordinación entre diferentes servicios y administraciones.

La conservación de una fortificación del siglo XI exige seguridad, rigor técnico, transparencia y una planificación que permita pasar de los procedimientos administrativos a las actuaciones materiales.